Quicio
Eduardo Castillo Cruz*
Publicado, hoy, en la Sección Política del diario El Imparcial de Oaxaca.
En diciembre de 2005, un año después de que asumiera la gubernatura Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, fue aprobado por el Congreso de Oaxaca el decreto que contenía la Ley de Justicia Administrativa de Oaxaca, misma que ordenaba la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como órgano jurisdiccional facultado para resolver las controversias entre gobernados y autoridades administrativas.
El conflicto social de 2006 en Oaxaca no permitió su instalación formal y material. Fue posible hasta enero del año 2007.
Aun cuando la ley no limitó el número de magistrados, se concedió al gobernador la facultad de determinarlo atendiendo a las necesidades de trabajo y presupuesto. Se inició con dos magistradas y un magistrado.
No es complicado imaginar que su aparición fue precedida por un cálculo político-partidista del titular del Poder Ejecutivo. Los conceptos académicos de “acceso a la justicia” y “autonomía orgánica”, fueron el fundamento de creación de un órgano que se haría cargo de los asuntos que los jueces federales de amparo venían conociendo y resolviendo.
Fue así que el denominado “queso”, edificio ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, en donde inició funciones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encomendó a una persona de la confianza del gobernador.
Aunque desde su creación legislativa se convirtió en un objetivo de todo abogado o abogada que ambicionaba estar a la cabeza de un órgano jurisdiccional que contara con personal y manejo discrecional de recursos económicos propios, presidir o integrar dicho órgano solo representó una oportunidad para quien estuviera bajo el radar del visto bueno de la voluntad del gobernador de Oaxaca.
La carrera judicial o perfil de idoneidad basada en experiencia y formación profesional, fue sustituido por un atajo privilegiado para acceder a sueldos dorados y a un bastión de poder que ha resultado atractivo no solo para operadores políticos, sino para jueces y magistrados del poder judicial local y de algunos jueces federales jubilados.
Al revisar los 16 años que han transcurrido desde la instalación del Tribunal Administrativo de Oaxaca, resultan notorios los escándalos que han protagonizado varios de los magistrados que lo han integrado: abuso de poder, negocios turbios, enriquecimiento ilícito y hasta el homicidio no resuelto de uno de ellos.
En el año 2010 se dio en la gubernatura de Oaxaca lo que se ha llamado “alternancia” de partidos políticos y cuatro meses después de que Gabino Cué Monteagudo rindiera protesta como gobernador, se anunciaron cambios a la Constitución de Oaxaca (abril 2011), como fue la incorporación de dicho tribunal administrativo al Poder Judicial y la creación del Tribunal de Fiscalización.(http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/listado.php…)
En marzo de 2012 el Congreso de Oaxaca ratificó 6 nombramientos de magistrados y magistradas, entre propietarios y suplentes, que el gobernador envió.
Hubo una urgencia por cobijar con sueldos “exclusivos” a quienes ya habían rendido protesta, tanto, que no les importó que se instalara el llamado “Tribunal de Cuentas” hasta el 21 de marzo de 2014 (dos años después). Se entiende que los magistrados y magistradas cobraron desde el primer día de la vigencia de su nombramiento, sin trabajar y sin tener una oficina.
El 30 de junio de 2015 se publicó la reforma constitucional que fusionó el Tribunal Administrativo y el de Fiscalización, para crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.
Se ordenó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que adscribiera a todos los magistrados, que para entonces eran 12: María Elena Villa de Jarquín, Enrique Pacheco Martínez, Adrián Quiroga Avendaño, Hugo Villegas Aquino y Crisógono Tomás Quiroz Robles (Sala Superior), Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, Abraham Santiago Soriano, Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, Pedro Carlos Zamora Martínez, Frida Jiménez Valencia, Julián Hernández Carrillo y María Mayela García Maldonado (7 Salas Unitarias).
En el año 2016 el PRI regresó nuevamente a la gubernatura y se generó una tensión entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de Oaxaca. Al final, un acuerdo “forzado”, y no una reforma, propició que un magistrado jubilado asumiera la titularidad del Poder Judicial de Oaxaca, quien cuestionó el gasto excesivo y la poca productividad del tribunal en materia administrativa.
Se dijo que la categoría de magistrado 23 «A» de confianza, con una duración de ocho años, estaba sangrando al erario. El sueldo de 200 mil pesos mensuales que resulta de sumar los pagos quincenales, mensuales, semestrales y anuales que recibían los magistrados administrativos, fue uno de los argumentos para proponer, desde el año 2016, la desaparición del Tribunal Administrativo y convertirlo en una Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
El presidente del tribunal administrativo que ganaba 300 mil pesos mensuales y los más de 2 millones y medio de pesos que se gastaban mensualmente en el pago de salarios de los magistrados, no era cosa menor.
No pasó la propuesta, pero en cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 16 de enero de 2018, se instaló el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca.
El efecto no se hizo esperar, los magistrados y magistradas formaron dos bandos y se disputaron hasta con jalones y empujones la presidencia del actualizado tribunal administrativo.
En noviembre de 2020, un diputado presentó ante el Congreso de Oaxaca una proposición con punto de acuerdo para que fueran separados los magistrados y magistradas de dicho tribunal administrativo, para ser investigados por actos de corrupción al autorizar ilegalmente jubilaciones millonarias a dos magistradas. (https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20201125a/34.pdf)
En marzo de 2021, el gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa nombró a 5 magistrados: Gloria del Carmen Camacho Meza, Paulo Tapia Palacios (Sala Superior), Tania Ramos Martínez, Virginia Hernández Hernández y Eduardo Calvo Ziga, mismos que fueron ratificados por el Congreso de Oaxaca.
Para esa fecha, magistrados cuyo periodo concluyó o estaba por concluir, promovieron juicios de amparo. Unos buscando hacer efectiva la “reelección” y otros para que no fuera concluido su cargo en términos de la última reforma constitucional.
En uno de ellos, el 13 de marzo de 2021, el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Oaxaca concedió una suspensión para que una magistrada no fuera separada o removida de su cargo (250/2020).
Como puede observarse, en 16 años de historia del Tribunal Administrativo en Oaxaca, han predominado los excesos y escándalos. En la comunidad jurídica se menciona que era más pronta, completa y expedita la impartición de justicia mediante el juicio de amparo.
Recientemente, el 22 de julio de 2023, el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto mediante el cual reformó la Constitución para reducir a 7 magistrados la integración de lo que ahora se denomina Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.
Según se ha hecho público, actualmente existe en Oaxaca un enorme rezago en justicia administrativa, esto porque aun cuando eran 12 magistrados los que integraban el órgano, el promedio de dictado de cada magistrado era de 2 sentencias al mes.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.